La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, que ocurrió en Francia entre los años 1789 y 1799, que enfrentaban a partidarios y opositores del Antiguo Régimen.
Este acontecimiento marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en Francia; dando paso a un nuevo régimen donde la burguesía se convirtió en la fuerza política dominante en el país.
La Revolución francesa y el derecho administrativo francés.
El Derecho administrativo surge con la Revolución Francesa y concreta del principio de separación de poderes. También plantea que el Derecho Administrativo consolidará el control de las potestad es discrecionales de la Administración.
La conformación del “Estado moderno” consolidó el concepto de soberanía. Por esta razón, se estableció la asamblea nacional constituyente, el 7 de Julio de 1789.
La Revolución francesa significó entonces un cambio drástico en las concepciones de Estado y sociedad, que dió origen del derecho administrativo con la implementación del “Estado constitucional” o Estado de derecho.
En 1808 Carlos Juan Bonnin propone crear un Código que planteaba garantizar que la administración se acogiera plenamente al principio de legalidad como garante del Estado de Derecho.
El contenido de este Código establecía normas relativas a los impuestos, el servicio militar, las obras públicas, la agricultura,el comercio, la industria. Su propósito era preservar los derechos naturales del hombre en su relación a las cosas de interés común.
Cambios lingüísticos
La Revolución Francesa suele considerarse como el punto de partida del derecho administrativo. Este es un acontecimiento que produce grandes innovaciones como el cambio del lenguaje, empezando por la palabra revolución que, en la obra de Nicolás Copérnico “derevolutionibus”, publicada en 1543 en Nurenberg, se formuló la teoría heliocéntrica, y se empezó a cambiar el pensamiento teológico a uno científico.
Luego, la lengua se enriquece con palabras aristócrata y libertad. Pero, esta concepción de libertad para los partidarios del Régimen Antiguo sólo hacía referencia a la posibilidad que tenían los ciudadanos de tomar parte en las cuestiones públicas; excluyendo a los hombres libres, los esclavos y las mujeres. Esta noción de libertad para los antiguos fueron excluyentes y beneficiaron a una clase social.
La Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789; define los derechos naturales e imprescriptibles del individuo como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Asimismo, hace reconocimiento a la igualdad de los ciudadanos frente a la ley y establece el principio de la separación de poderes.
En 1789, el pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta y el feudalismo, estableciendo la primera República Francesa. Después del ataque súbito a la Bastilla, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos como el primer paso para redactar la Constitución de la República de Francia.
La Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos consta de 17 artículos. El primero rompe con la desigualdad social y se proclaman las libertades burguesas como la libre expresión, libertad de prensa, de religión y conciencia.
Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se buscó finalizar con las causas de la desigualdad y de la injusticia social, así como la abolición de los derecho feudales.
Sin embargo, no desapareció la propiedad privada, a pesar que el artículo 17 declara:
“Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización” (Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, 1789).
La aparición del Principio de Legalidad y de la Codificación
Con la aparición del principio de legalidad, se concibió la ley como expresión de la voluntad general; la cual estaba encargada de cuidar el interés general y de defender el bien público.
Se estableció que todos los ciudadanos deberán actuar según los lineamientos de la ley. Por ello, se instaura la Ley para regular la conducta de los funcionarios de la administración, quienes sólo podrán hacer lo que les está permitido expresamente por ella. Los funcionarios se convirtieron así en meros agentes del poder soberano que se encarnó en el parlamento, como único órgano investido de la representación popular.
Así, la ley se convertirá en la principal fuente del derecho, incluso estaría por encima de la Constitución.
La Constitución es un texto político que incluye los derechos humanos y la estructura del estado; es decir, es una regulación que contiene una parte dogmática y una orgánica.
El Código Civil de Napoleón Bonaparte
Por otro lado, los derechoshttps://gustavomirabalcastro.es/derecho/el-hombre-tambien-tiene-derechos/ del hombre, los derechos fundamentales fueron incorporados en un texto legal para tener aplicabilidad, por cuanto a que no podían ser exigidos directamente de la Constitución. Por esta razón, Napoleón Bonaparte creó, en 1804, el Código Civil especialmente para proteger el derecho de propiedad.
Adicionalmente, la codificación buscará imponer la ideología burguesa, los planteamientos del liberalismo económico basados en el principio de igualdad que pretenderá crear un sujeto único de derecho, eliminando las diferencias de clase y las diferencias religiosas.
El derecho civil, por su parte, se basa en el sujeto único y traslada estas diferencias a la capacidad de actuar; estableciendo que las mujeres, los menores, los dementes o los disipadores necesitan de la ayuda de otro sujeto para poder desenvolverse.
En cuanto al derecho comercial creará los actos de comercio, conductas que definirán objetivamente quién debe ser considerado comerciante.
Por último, el derecho penal sustituirá las diferencias con relación a la clase social.
La Revolución Francesa y el Derecho Penal Liberal
El Código Penal Francés, creado por Napoleón Bonaparte en 1810, reestableció la cadena perpetua como castigo; cuyas sentencias permitió a los jueces decidir más libremente sobre la severidad del castigo.
Las reformas del Código Penal Francés de 1810 que entró en vigencia el 1° de enero de 1811 se basan en el Principio de Igualdad de las personas ante la ley, el Principio de Legalidad, las Garantías Procesales y la supresión de las torturas.
- Principio De Igualdad De Las Personas Ante La Ley. Es la sentencia de una determinada valoración de justicia de una sociedad e informa sobre la igualdad entre las partes para ejercer sus respectivos derechos.
- El Principio de Legalidad del Delito. Sentencia jurídica que establece que ningún acto u omisión voluntaria es considerado como delito sin que una ley escrita.
- El Principio de Legalidad Penal. Es una sentencia jurídica establecida en virtud del cual no se puede sancionar, si no hay pena sin ley positiva previa que sancione el delito.
El Código Penal Francés elimina el Arbitrio Judicial sin marco legal. Consiste en otorgar al juez una facultad para elegir un tratamiento descrito en la ley que se ajuste al delincuente y a la gravedad del delito.
Asimismo, elimina el tormento del procedimiento como un sistema para obligar, a través de la tortura y el sufrimiento físico, a declarar a los testigos reacios o a confesar a los sospechosos y acusados.
También mide la pena por la peligrosidad y no por la moralidad del acto. Sin embargo, el Código suaviza la pena capital, empleando instrumentos para aplicar esta sanción como la guillotina, un artefacto para decapitar a los reos de muerte.
Además, desaparece el Principio de Juzgado, cuya sentencia establece que las personas deben ser juzgadas por sus iguales.